Por Connie Herrera | Territorio
¿DERECHO CIUDADANO O CARRERA DE OBSTÁCULOS? ⚖
¿Las candidaturas independientes representan una verdadera oportunidad para
que cualquier ciudadano participe en la política o son un camino lleno de obstáculos
que termina favoreciendo a quienes ya cuentan con una estructura?
Participar sin pertenecer a un partido político tiene ventajas importantes. Permite
que personas con liderazgo social, experiencia profesional o trabajo ciudadano
puedan competir por un cargo de elección popular sin depender de las decisiones
de una dirigencia partidista. También abre la puerta a nuevas voces y a distintas
formas de representar a la sociedad.
Sin embargo, tener reconocido ese derecho no significa que ejercerlo sea sencillo.
En Querétaro, para el proceso electoral 2026-2027, quienes busquen una
candidatura independiente a la gubernatura, una diputación local o un ayuntamiento
deberán cumplir una serie de requisitos y sujetarse a plazos muy específicos.
La primera fecha que deben tener presente es el 1 de diciembre de 2026. Del 1 al
15 de diciembre deberán presentar ante el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) su manifestación de intención. A más tardar el 29 de diciembre se
resolverá quiénes podrán obtener la calidad de aspirantes.
Después vendrá una de las etapas más complicadas: conseguir el respaldo
ciudadano. Del 14 de enero al 12 de febrero de 2027, deberán reunir las firmas
correspondientes, que generalmente representan el 2 por ciento de la lista nominal
del ámbito territorial por el que buscan competir.
Existe una consideración especial para Amealco de Bonfil y Tolimán: las planillas
integradas en su totalidad por personas que se autoadscriban como indígenas
originarias de esos municipios podrán acreditar el 1.5 por ciento.
Pero las firmas no son el único desafío.
Desde el inicio, las personas interesadas deben constituir una asociación civil,
tramitar su inscripción ante el SAT, abrir una cuenta bancaria y cumplir con los
requisitos administrativos, financieros y de fiscalización. También deben designar
responsables para la administración de los recursos y atender las obligaciones de
transparencia y rendición de cuentas.
A esto se suma la necesidad de construir una estructura ciudadana, organizar
representantes, difundir el proyecto y conseguir que la población conozca a la
persona aspirante y decida respaldarla.Aquí aparece una desventaja importante: los tiempos, los costos de operación, los
trámites de la asociación civil y las exigencias de máxima publicidad y difusión
representan una carga considerable para cualquier ciudadano que pretende
participar sin contar con una organización política detrás.
Mientras los partidos tienen estructuras permanentes, presencia territorial y
experiencia administrativa, una persona que decide participar por la vía
independiente debe construir prácticamente todo desde cero y hacerlo en plazos
muy reducidos.
Por supuesto, las candidaturas independientes deben cumplir reglas, transparentar
sus recursos y acreditar el respaldo ciudadano. No se trata de eliminar requisitos ni
de debilitar la fiscalización. Se trata de preguntarnos si las condiciones actuales
realmente permiten competir en circunstancias razonablemente equitativas.
La independencia política tiene un valor democrático: permite que la ciudadanía
encuentre alternativas fuera de los partidos, fortalece la pluralidad y recuerda que
el derecho a ser votado no debe depender exclusivamente de una afiliación
partidista.
Por eso, el papel del IEEQ también es fundamental. No basta con publicar una
convocatoria y establecer requisitos. Es necesario garantizar que la información
llegue oportunamente a la ciudadanía, que los procedimientos sean comprensibles
y que exista orientación suficiente para quienes desean participar por primera vez.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿estamos construyendo condiciones para que
más ciudadanos puedan participar o estamos dejando que los requisitos, los costos
y los plazos conviertan ese derecho en una posibilidad al alcance de unos cuantos?
Porque una democracia no se fortalece únicamente permitiendo votar. También
necesita garantizar que las personas tengan oportunidades reales de ser votadas.
El derecho existe. El verdadero reto es que ejercerlo no se convierta en una carrera
de obstáculos.
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Desde Ciudadanía y Territorio, soy Connie Herrera Martínez, Presidenta de Nuevo
Rumbo APE.
