QUERÉTARO: EL TERRITORIO NO CABE EN UN INFORME
Por Connie Herrera | 2 de noviembre de 2026
Una administración puede informar que tapó miles de baches y encontrarse, al día
siguiente, con nuevas quejas por el pavimento. Puede sostener que existe agua
suficiente y enfrentar protestas por las condiciones para acceder a una toma
domiciliaria. Puede ampliar las rutas de transporte y seguir escuchando reclamos
por los tiempos de espera. No siempre hay una contradicción: hay dos formas
distintas de medir la realidad. Una cuenta lo que hace el gobierno; la otra, lo que
vive la ciudadanía.
El problema político comienza cuando la primera pretende cancelar la segunda. Los
informes son indispensables, pero ninguno debería sustituir a la calle como prueba
de resultados.
En octubre, el gobierno municipal de Querétaro informó que había atendido 31,914
baches con una inversión de 83.3 millones de pesos. Es importante reconocer ese
trabajo y también preguntar dónde se realizó, cuánto duran las reparaciones,
cuántas calles requieren intervenciones de fondo y si los reportes ciudadanos se
resuelven dentro de los plazos anunciados. Las lluvias explican parte del deterioro;
no sustituyen la obligación de planear mantenimiento preventivo y evaluar la calidad
de las obras.
Casi al mismo tiempo surgió una discusión sobre el gasto municipal en materiales
literarios de la colección Familia Arcos Alegría. La documentación contractual
difundida refiere un monto de 213.3 millones de pesos para servicios que incluyen
diseño, manuales y producción; un funcionario municipal habló de 207 millones de
pesos para los ejemplares. La cultura y la educación cívica también son importantes.
Por eso, más que enfrentar libros contra pavimento mediante cálculos simplistas,
corresponde explicar el alcance de cada cifra, las entregas realizadas, los costos y
los resultados esperados. La rendición de cuentas exige documentos y
evaluaciones, no solamente consignas.
Con el agua sucede algo parecido. La Comisión Estatal de Aguas ha señalado que
el Acueducto II aporta alrededor de 1,600 litros por segundo, equivalentes a cerca
de 40% del abastecimiento metropolitano. Esa capacidad es relevante, pero el
volumen que circula por una infraestructura no explica por sí solo las condiciones
de acceso de cada colonia.
El 9 de octubre, vecinos de Altos de El Pueblito, en Corregidora, bloquearon Paseo
Constituyentes para exigir claridad y atención sobre la regularización de predios y
las condiciones de instalación de tomas de agua. Sus señalamientos sobre posibles
tratos preferenciales deben investigarse, no darse por probados. Lo que sí dejó a lavista la protesta fue la necesidad de reglas transparentes, respuestas oportunas y
coordinación entre autoridades.
La agenda hídrica tampoco termina en las llaves de las casas. En agosto, la
Comisión Nacional del Agua identificó las descargas irregulares como uno de los
principales obstáculos para sanear el Río Querétaro. Frente a ello, importa conocer
no sólo cuántas inspecciones se anuncian, sino cuáles descargas se corrigen y qué
resultados ambientales pueden comprobarse.
El transporte público aporta un tercer ejemplo. La Agencia de Movilidad reportó en
septiembre una red de 126 rutas, alrededor de mil unidades y una frecuencia
promedio de 17 minutos. Esos avances deben formar parte de cualquier análisis
serio. Pero un promedio no describe la experiencia de todas las rutas ni de todos
los horarios. Quien espera un autobús necesita información confiable, puntualidad
y una forma efectiva de reportar fallas y verificar que fueron atendidas.
Aquí está la discusión que suele perderse entre declaraciones partidistas: los
problemas cotidianos no respetan fronteras administrativas. El municipio interviene
en sus vialidades; la CEA en el suministro de agua; la Conagua en sus atribuciones
sobre las aguas nacionales; la Agencia de Movilidad en el transporte. Cada
autoridad debe explicar su competencia y, sobre todo, cómo se coordina con las
demás para resolver lo que las familias padecen como un solo problema.
La propuesta es concreta: información pública que permita seguir cada problema
desde el reporte hasta su solución. Un mapa de mantenimiento vial con fechas y
durabilidad de las reparaciones; indicadores de continuidad del agua y tiempos de
restablecimiento por zona; datos de puntualidad y frecuencias reales por ruta; y
contratos públicos cuyo costo y cumplimiento puedan consultarse sin obstáculos.
No se trata de crear otra plataforma para presumir cifras, sino de permitir que la
ciudadanía las compruebe.
Quienes hemos participado en las instituciones y en la organización política
tampoco estamos exentos de ese examen. Exigir resultados a quienes hoy
gobiernan obliga a presentar propuestas que puedan medirse mañana. El debate
público debe tener memoria y criterios claros, no depender de quién ocupa el poder
en cada momento.
Con 2027 en el horizonte, la conversación política de Querétaro merece pasar de la
competencia de anuncios a la discusión de responsabilidades, plazos y resultados.
El territorio cuenta porque ahí se pierden horas de traslado, dinero en reparaciones
y confianza en las instituciones. Las cifras son un punto de partida. La política
adquiere sentido cuando pueden sostenerse frente a la vida diaria de las personas.
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Desde Ciudadanía y Territorio, soy Connie Herrera Martínez, Presidenta de Nuevo
Rumbo APE.
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