En el marco del ejercicio informativo “Café con Kuri”, la oficial mayor del Poder Ejecutivo estatal, Linda Luz Luna Rangel, anunció una serie de medidas para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, entre ellas la prohibición de contratar en el gobierno estatal a personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La funcionaria informó que, a partir del 6 de mayo, con la entrada en vigor de la reforma a la Ley de los Trabajadores del Estado, quedará estrictamente prohibida la contratación de cualquier persona que se encuentre registrada como deudora alimentaria. Esta disposición aplicará tanto para plazas formales como para esquemas de contratación por honorarios.
“En el servicio público queda prohibida la contratación de cualquier persona inscrita en el registro nacional de obligaciones alimentarias”, subrayó durante su mensaje ante medios.
Cuatro ejes de acción
Luna Rangel detalló una agenda conjunta con el gabinete estatal, enfocada en cuatro puntos clave:
Restricción inmediata de contrataciones
Se impedirá la incorporación de deudores alimentarios en cualquier modalidad laboral dentro del Poder Ejecutivo.
Armonización legislativa
El gobierno estatal impulsará adecuaciones normativas para fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Control en proveedores y contratistas
Se actualizarán plataformas administrativas para evitar el alta de proveedores o contratistas que se encuentren en dicho registro, acción que será coordinada entre Oficialía Mayor y áreas como Obras Públicas.
Medidas administrativas externas
En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se realizarán gestiones para impedir la expedición o renovación de licencias a personas registradas como deudores alimentarios.
La oficial mayor destacó que estas acciones no solo aplicarán al interior del gobierno estatal, sino que también tendrán impacto en la relación con particulares, reforzando así una política pública integral.
Enfoque en derechos de la niñez
El mensaje enfatizó que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia del gobierno estatal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y fortalecer la protección de los sectores más vulnerables.
Con estas acciones, el gobierno de Querétaro se suma a las políticas nacionales que buscan inhibir el incumplimiento de responsabilidades parentales mediante restricciones en el acceso a empleos, contratos y servicios públicos.
