A casi cinco años del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y tras el reciente accidente del Tren Interoceánico, un elemento en común vuelve a encender la discusión pública: ambas investigaciones han estado en manos de Ernestina Godoy, con resultados que, para muchos, reflejan patrones repetidos de impunidad y falta de sanciones contundentes.
El 3 de mayo de 2021, el desplome del tramo elevado de la Línea 12 entre Olivos y Tezonco dejó 26 personas muertas y más de 100 heridas. Las investigaciones oficiales concluyeron que la causa fue una combinación de errores de diseño, deficiencias en la construcción y fallas estructurales, sin que hasta hoy exista una sola persona sentenciada. Aunque hubo exfuncionarios imputados, la mayoría enfrentó su proceso en libertad y varios casos quedaron entrampados entre amparos y acuerdos reparatorios.
Ahora, el accidente del Tren Interoceánico, atribuido preliminarmente a exceso de velocidad, vuelve a colocar a la Fiscalía bajo el reflector. De nuevo, la narrativa oficial apunta a responsabilidades individuales, mientras el debate público cuestiona si se investigan a fondo las decisiones estructurales, operativas y de supervisión detrás del proyecto.
En ambos casos, la Fiscalía General de Justicia —encabezada entonces por Ernestina Godoy— ha sostenido investigaciones técnicas que, si bien identifican fallas, no se han traducido en castigos ejemplares ni en responsabilidades políticas de alto nivel. Para víctimas y especialistas, el resultado es el mismo: expedientes abiertos, procesos largos y justicia inconclusa.
La coincidencia no pasa desapercibida: misma fiscal, mismos cargos investigados, mismos desenlaces. Mientras los proyectos de infraestructura continúan avanzando, las preguntas persisten: ¿se trata de accidentes aislados o de un patrón que nunca llega a tocar a los responsables de mayor jerarquía?
