El senador queretano Agustín Dorantes calificó como un “paso decisivo hacia la justicia y la seguridad” la aprobación unánime en el Senado de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, al subrayar que responde a una urgencia nacional: más de 9 mil 500 denuncias recientes, según el INEGI, además de un alto índice de casos que no se reportan —cerca del 89%, precisó.
Dorantes destacó que la nueva legislación coloca al centro a las víctimas, al incorporar perspectiva de género, interculturalidad y principios de no revictimización, asegurando que no se trata únicamente de una ley punitiva, sino también preventiva y humana. Subrayó la creación de un Centro de Atención a Denuncias, así como una Estrategia Nacional de Prevención que incluirá campañas ciudadanas para promover la denuncia con seguridad y respaldo institucional.
No obstante, el senador expresó preocupación por disposiciones que, a su juicio, podrían debilitar el combate a este delito. Entre ellas, la reducción de la pena mínima de 10 a 6 años, lo que permitiría que personas ya sentenciadas por extorsión puedan salir antes de prisión. También alertó sobre la disminución de sanciones a custodios o funcionarios que no reporten extorsiones desde centros penitenciarios, así como la falta de un presupuesto claro para implementar las medidas contempladas.
Dorantes llamó a fortalecer el marco legal sin concesiones: “La seguridad y la paz de las familias exigen actuar sin tintes partidistas, pero eso no significa dar un cheque en blanco”.
