El Instituto Nacional de Migración (INM) iniciará un proceso legal en contra de la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega Vázquez, por la presunta emisión irregular de cartas de repatriación, un documento que únicamente puede ser expedido por instancias federales como la Secretaría de Gobernación o el propio INM.
Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, al advertir que podría tratarse de un caso de usurpación de funciones.
Durante la más reciente sesión de la Mesa de Seguridad, el funcionario estatal explicó que este tipo de constancias tienen un alto valor legal, ya que permiten a personas deportadas acceder a programas sociales, además de facilitar diversos trámites oficiales. En este sentido, subrayó la gravedad de que autoridades municipales emitan documentos de esta índole sin contar con la facultad legal para ello.
Aunque hasta el momento no se ha precisado cuántos documentos fueron emitidos de forma irregular por el gobierno municipal de Cadereyta, Alcaraz Gutiérrez informó que ya se advirtió a dicha administración sobre la necesidad de cesar de inmediato esta práctica.
Será el Gobierno federal, a través del INM, quien determine si existen los elementos suficientes para proceder con una denuncia formal ante las instancias correspondientes.
El caso ha generado atención entre diversas dependencias federales, dado el posible impacto legal y social de estos documentos en manos de personas que podrían hacer uso indebido de los mismos.
