Gina Reyes Vázquez, de 62 años, murió la madrugada del 16 de julio de 2025 en la puerta del Hospital Tlalpan, en la alcaldía Tlalpan, tras ser negada su atención médica de urgencia porque su familia no cubría de inmediato un depósito de 30 000 pesos solicitado por el nosocomio privado.
Según relatan familiares, Gina presentó dificultades graves para respirar y fue trasladada urgentemente al Hospital Tlalpan, el primero que encontraron en su trayecto. Al llegar, el personal administrativo condicionó la atención ante el pago anticipado, a pesar de encontrarla en una silla de ruedas sin signos visibles de atención efectiva; nunca fue atendida mientras esperaban reunir el dinero.
Durante el proceso, un familiar acudió por otra tarjeta para completar el pago mientras Gina permanecía en la entrada. Sin embargo, seguridad del hospital los desalojó y les cerró las puertas, y ningún médico o enfermera brindó auxilio durante su agonía . Un video captado por la familia y difundido en redes muestra a Gina con coloración morada en los pies, mientras alguien lamenta: “Ni le hicieron nada… 30 mil pesos vale su vida”.
Paramédicos del ERUM confirmaron más tarde su muerte, mientras el cadáver permaneció varias horas sobre una silla de ruedas en la banqueta del hospital hasta la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que abrió una investigación penal por homicidio culposo para deslindar responsabilidades.
Gina Reyes Vázquez tenía diabetes e hipertensión. Su familia la describe como una persona alegre, unida a sus hermanos, y consternada por el trágico desenlace que ocurrió mientras buscaban atención médica. Tenemos informes previos de denuncias contra el Hospital Tlalpan por prácticas similares, como exigir pagos anticipados por emergencias médicas urgentes, una práctica prohibida por la normativa sanitaria vigente en México.
En virtud del artículo 71 del Reglamento de la Ley General de Salud, los hospitales —públicos o privados— están obligados a brindar atención inmediata en casos de urgencia, sin condicionar el servicio al pago previo. En cambio, el caso de Gina evidencia una supuesta violación de esta regulación, y la CONAMED, Profeco y la Fiscalía capitalina podrían intervenir ante posibles irregularidades y violaciones a los derechos humanos y de salud.
