El Secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, informó que ocho elementos de la Fuerza Civil fueron dados de baja de forma deshonrosa por haber participado en un secuestro exprés.
Son siete uniformados detenidos hasta el momento, el octavo se encuentra de incapacidad pero está por ser arrestado.
“Son los resultados de una investigación interna que llevamos a cabo en Fuerza Civil. El 3 de febrero encontramos, en la revisión del patrullaje, una anomalía: dos patrullas que se salieron del cuadrante asignado en el municipio de Apodaca por lo que iniciamos una investigación”, expresó Palacios Pámanes
La averiguación, añadió, consistió en recabar vídeos en el C5 y en el C4 de Apodaca.
“Constatamos una conducta irregular de la tripulación de estas dos patrullas, en total ocho policías”, añadió el secretario.
Tras la revisión se dieron cuenta que el 2 de febrero, alrededor de las 16:30 horas se salieron, sin autorización y sin haberlo informado vía radiofrecuencia al C5, del cuadrante de patrullaje que tenían asignado.
“Abordaron al conductor de una camioneta pick up, le ordenaron descender de su vehículo particular y lo introdujeron en una de estas dos patrullas de Fuerza Civil.
“Estando dentro le dijeron que tenían conocimiento de actividades ilícitas y que lo entregarían a la Policía Ministerial para que terminara preso”.
Palacios Pámanes añadió que en el acto, y a bordo de otro vehículo, llegaron cuatro civiles, cada uno de ellos portando una placa tipo charola de la Agencia Estatal de Investgaciones (AEI).
“Aclaro que no eran policías ministeriales, sino gente que se hizo pasar por policías ministeriales para continuar con el ardid hacia este ciudadano, varón, mayor de edad y le exigieron dinero a cambio de no ser detenido”, añadió el funcionario.
La actividad, es decir, subir al ciudadano a la patrulla, tampoco fue informada por radiofrecuencia al C5.
“Sin lugar a dudas se trataba de un acto contrario a la ética que es exigible a todo policía”, aseguró.
Palacios Pámanes añadió que los policías de FC y los cuatro civiles, obligaron al ciudadano a llamar a un familiar y le exigieron 130 mil pesos.
“Cuando recibieron el dinero lo dejaron ir. El sujeto subió a su camioneta se retiró del lugar”.
Los uniformados podrían alcanzar una pena de hasta 100 años tras las rejas sin posibilidad de salir antes por buen comportamiento.
