A partir de hoy entra en vigor la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, tras su publicación en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga. Con esta normativa, el estado fortalece su sistema democrático al incorporar once mecanismos que permitirán a la ciudadanía incidir directamente en la toma de decisiones públicas.
Mecanismos clave de participación
Entre los instrumentos más destacados se encuentra el plebiscito, que permite a los ciudadanos expresar su aprobación o rechazo sobre decisiones gubernamentales de gran impacto. De acuerdo con el artículo 10, este mecanismo podrá aplicarse a actos del Poder Ejecutivo estatal y de los Ayuntamientos, siempre que se trate de asuntos trascendentes para la vida pública.
Por otro lado, el referéndum, regulado en los artículos 25 al 41, permitirá consultar a la población sobre la creación, reforma o eliminación de leyes y reglamentos. Según el artículo 26, puede ser de tipo legislativo o reglamentario, dependiendo de si la norma afecta leyes estatales o reglamentos municipales.
Otro mecanismo relevante es la iniciativa ciudadana, establecida en los artículos 55 al 65, que faculta a la población para presentar propuestas de leyes, decretos o reglamentos municipales, siempre que cumplan con los requisitos legales.
A nivel comunitario, la consulta vecinal, detallada en los artículos 66 al 75, brindará a los habitantes la posibilidad de pronunciarse sobre problemáticas locales que impacten directamente su entorno.
Participación en proyectos y políticas públicas
La nueva Ley también establece mecanismos que permiten a los ciudadanos involucrarse en la ejecución de infraestructura y la supervisión de programas gubernamentales.
Uno de ellos es la obra con participación ciudadana (artículos 76 al 78), mediante la cual los ciudadanos pueden colaborar en la realización de proyectos de infraestructura pública, fomentando la corresponsabilidad social.
Asimismo, se crean los Consejos de Participación Ciudadana y los Observatorios Ciudadanos (artículos 79 al 83), que permitirán a la sociedad involucrarse en el diseño y evaluación de políticas públicas, además de vigilar el desempeño de los programas gubernamentales.
En términos de transparencia financiera, el presupuesto participativo, regulado en el Capítulo Octavo, permitirá que la ciudadanía decida en qué proyectos se invertirán los recursos públicos, promoviendo una gestión más transparente y equitativa.
Espacios de diálogo entre ciudadanos y gobierno
La Ley también contempla mecanismos de interlocución directa con las autoridades. Entre ellos destacan:
•Diálogo Ciudadano (artículo 6, fracción IX): busca generar acuerdos entre la población y el gobierno.
•Audiencia Pública (artículo 6, fracción X): permite a los ciudadanos presentar inquietudes o propuestas directamente ante las autoridades.
•Cabildo Abierto (artículo 6, fracción XI): facilita la participación de la ciudadanía en sesiones del Ayuntamiento, promoviendo mayor transparencia en la toma de decisiones municipales.
Materias excluidas de los mecanismos de participación
Según el artículo 12, existen ciertas materias que no podrán someterse a los ejercicios de participación ciudadana. Estas son:
1.La restricción de derechos humanos.
2.La creación de municipios.
3.Las decisiones de índole estrictamente jurisdiccional, en cualquier materia.
4.La regulación interna de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
5.La regulación interna de los Ayuntamientos.
6.Las disposiciones en materia fiscal o tributaria.
7.La materia electoral.
8.La materia de expropiación o delimitación a la propiedad particular.
9.La reducción o ampliación del periodo de ejercicio de las autoridades electas popularmente.
10.Los demás actos cuya realización sea obligatoria para la autoridad en los términos de las leyes aplicables y reglamentos respectivos.
Con la entrada en vigor de esta nueva normativa, Querétaro se posiciona como un estado que apuesta por la democracia participativa, dando a la ciudadanía herramientas efectivas para influir en la toma de decisiones gubernamentales y fortalecer el vínculo entre sociedad y gobierno.
