Mientras las víctimas aseguran haber perdido millones de pesos y continúan esperando respuestas, la Fiscalía General del Estado mantiene sin judicializar una carpeta de investigación relacionada con un presunto esquema de inversiones que habría afectado a diversas personas en la entidad.
Actualmente, la denuncia formal presentada ante las autoridades integra a 12 víctimas directas, aunque en redes sociales y entre los propios afectados circulan versiones que apuntan a que podrían existir más personas involucradas. Sin embargo, hasta el momento, únicamente los denunciantes acreditados forman parte del procedimiento oficial.
De acuerdo con los testimonios recabados, los inversionistas habrían sido convencidos de participar en operaciones relacionadas con la compra y venta de vehículos, bajo la promesa de obtener rendimientos extraordinarios en periodos muy cortos. Según relatan, durante las primeras etapas sí recibieron pagos, situación que generó confianza y motivó nuevas aportaciones económicas.
No obstante, con el paso del tiempo comenzaron los retrasos, posteriormente las justificaciones y finalmente la suspensión de los pagos comprometidos, dejando a varias familias con importantes afectaciones económicas.
Los afectados sostienen que han entregado a la autoridad comprobantes de transferencias bancarias, conversaciones digitales, testimonios y diversa evidencia que consideran suficiente para avanzar hacia una etapa judicial. Sin embargo, aseguran que la carpeta continúa en integración sin que exista información pública sobre órdenes judiciales, imputaciones o audiencias ante un juez.
La situación ha generado cuestionamientos crecientes debido a que, en redes sociales, durante meses han circulado versiones sobre presuntos cateos, inmuebles asegurados y diversas diligencias relacionadas con el caso. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que permita conocer si dichas acciones derivaron en avances concretos dentro de la investigación.
La incertidumbre alimenta el malestar de quienes aseguran haber perdido ahorros, patrimonio e incluso recursos obtenidos mediante créditos o financiamientos personales.
«Lo que más duele ya no es solamente el dinero perdido, sino la sensación de que el expediente no avanza», señalan algunos de los denunciantes.
El reclamo ciudadano comienza a enfocarse directamente en la Fiscalía General del Estado, a la que exigen informar con claridad cuál es el estado real de la investigación, qué diligencias se han realizado y cuáles son los motivos por los que el asunto continúa sin llegar ante un juez.
Las víctimas sostienen que no buscan condenas anticipadas ni juicios mediáticos. Lo que exigen es que la autoridad determine, conforme a derecho y mediante los procedimientos legales correspondientes, si existen o no responsabilidades penales.
Porque mientras la carpeta permanece sin judicializar, las dudas aumentan, los afectados siguen esperando y la percepción de impunidad crece.
Hoy la pregunta no proviene únicamente de las víctimas, sino de una parte de la sociedad queretana:
¿Cuánto tiempo más deberá pasar para que la Fiscalía determine si este caso será llevado ante los tribunales?
La justicia tardía también es una forma de injusticia.
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