El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, defendió el reciente traslado de 26 narcotraficantes a Estados Unidos, argumentando que esta acción fue necesaria debido a la posibilidad de que algunos de ellos fueran liberados por jueces mexicanos. Este grupo incluye figuras destacadas como Abigael González Valencia (“El Cuini”), Servando Gómez Martínez (“La Tuta”) y Juan Carlos Félix Gastélum (“El Chavo Félix”).
García Harfuch señaló que las autoridades mexicanas contaban con información sobre posibles acuerdos entre los reos y jueces que podrían haber favorecido su liberación o retrasado sus procesos de extradición. Por ello, se optó por este mecanismo legal alternativo, respaldado por la Ley de Seguridad Nacional, para garantizar que los criminales enfrentaran la justicia en Estados Unidos sin riesgo de impunidad.
Esta medida se enmarca en un contexto de creciente colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno estadounidense ha elogiado la acción como un avance clave en la cooperación bilateral, mientras que el presidente Donald Trump ha intensificado las presiones sobre México para combatir el narcotráfico y el tráfico de armas.
En respuesta, la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó las declaraciones de García Harfuch, asegurando que los procesos judiciales se han llevado a cabo conforme a la ley y sin influencia externa. No obstante, el fiscal general Alejandro Gertz Manero ha anunciado que, tras las elecciones de junio que renovarán la Judicatura, se procederá legalmente contra los jueces señalados por posibles irregularidades en sus decisiones.
Este incidente resalta las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en México, evidenciando la complejidad del sistema de justicia penal y la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar el estado de derecho y la seguridad pública.
