En el marco de una visita oficial a Querétaro, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, denunció haber sido excluida de manera irregular de la discusión y votación de un proyecto relacionado con las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hecho que calificó como “una emboscada”.
De acuerdo con Batres, el caso en cuestión no estaba directamente vinculado con el empresario Ricardo Salinas Pliego, sino que abordaba la facultad legal de la UIF para investigar cuentas bancarias sin orden judicial, tema que sí forma parte de uno de los múltiples frentes legales que involucran al empresario.
“No se trataba de votar los impuestos de nadie, sino de decidir si la UIF puede o no hacer su trabajo sin obstáculos indebidos”, subrayó la ministra.
Batres también reveló que dentro de la Corte existen prácticas en las que los ministros negocian entre sí sus votos en diversos asuntos, lo que pone en duda la plena imparcialidad de las decisiones del máximo tribunal. Aseguró que fue marginada del análisis del proyecto que ella misma había presentado, a pesar de que formaba parte central de la discusión.
La ministra expresó su desconcierto por el hecho de que incluso el ministro Javier Laynez, con quien suele coincidir en criterios, votara en contra de su propuesta, evidenciando un posible pacto interno en su contra.
Asimismo, desmintió uno de los principales argumentos usados para justificar su exclusión: sus publicaciones en redes sociales. “Los tuits a los que se refirieron no tienen relación con el tema discutido, ni son de años atrás como dijeron. No había ningún motivo válido para dejarme fuera”, puntualizó.
Estas declaraciones encendieron el debate sobre la transparencia en la SCJN y la influencia de intereses políticos en sus decisiones. En un momento en el que la ciudadanía exige justicia y rendición de cuentas, las palabras de Batres sacan a la luz una preocupante dinámica interna en uno de los órganos más importantes del Estado mexicano.
